En la Argentina la salud pública como política de Estado viene decayendo año tras año tras la asunción del actual gobierno liderado por Mauricio Macri. El aspecto distintivo del proceso sanitario desarrollado en los últimos tres años en el país tiene que ver con una reducción generalizada de las acciones del ex Ministerio de Salud (desde agosto, Secretaría de Salud) de la Nación, que delega a las provincias la responsabilidad de la ejecución no solamente de los servicios de salud, sino también de diversas políticas sanitarias. Por otro lado, el proceso de ajuste económico neoliberal resulta evidente al observar las ejecuciones presupuestarias durante estos tres años en algunas áreas específicas.
De acuerdo con el informe dado a conocer por la Fundación Soberanía Sanitaria en la última semana, el Programa de Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual que tiene entre sus objetivos el desarrollo de acciones preventivas sobre la población en general y de asistencia a las personas que viven con VIH, presentó una subejecución superior al 20% en el año 2016. La subejecución continuó en el 2017 y fue del 10% de su presupuesto, y a diciembre del 2018 solo llevaba ejecutado el 71% del presupuesto asignado para ese año. Presupuesto que, además, tuvo una reducción inicial del 3,16% respecto del de 2017.
“El presupuesto para el año 2019 presenta un aumento real del 3,8% en el crédito asignado de acuerdo con la inflación promedio estipulada -señala el informe-. Pero dado que muchos de los insumos de salud se adquieren en dólares, al tipo de cambio estimado por el proyecto para ambos años, se observa una reducción del 1,2% en dólares (disminución de U$ 960.000).”
Además, hay una baja absoluta en la mayoría de las metas propuestas, sobre todo en aquellas vinculadas al diagnóstico, control y tratamiento de personas viviendo con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en general, lo cual puede generar un empeoramiento grave de la epidemia de estas enfermedades en el país Sudamericano.
El Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable tiene entre sus objetivos garantizar a toda la población el acceso a los métodos anticonceptivos y a prestaciones de servicios de calidad. Es el área que compra los métodos anticonceptivos y capacita a los equipos de salud del Primer Nivel de Atención.
En 2016 y 2017 tuvo subejecuciones de un 20% y un 15% de su presupuesto respectivamente. En el año 2018 se ejecutó menos del 70% del presupuesto asignado. “Para esta tarea fundamental para la salud de la población y especialmente para la salud de las mujeres, se contará en 2019 con un presupuesto menor que el del 2018. Se observa una reducción real del 14,7% en el crédito asignado de acuerdo con la inflación promedio estipulada. Además, desde 2016 se ha producido una reducción significativa de sus metas con un leve aumento para 2019 que no alcanza los niveles previos”, alertan desde la Fundación.
Si las metas del Programa se hubieran mantenido en valores similares a los propuestos por la gestión anterior para 2015 y 2016 (un promedio de 17 millones de tratamientos entregados y de 32 millones de preservativos distribuidos), entre 2017 y 2019 las metas propuestas habrían sido un 84% superiores para los tratamientos entregados (23.350.000 tratamientos más) y un 46% superiores para preservativos distribuidos (30.390.000 preservativos más).
El área de Salud Sexual y Procreación Responsable compra y distribuye distintos métodos anticonceptivos (MAC) además de preservativos: orales, inyectables, subdérmicos, de emergencia e intrauterinos. En 2015, se distribuyeron 32 millones de MAC, mientras que en 2016 solo se entregaron 9 millones; en 2017, 22 millones y en 2018, casi 26 millones. Si se toma solo a los preservativos (es el método que el área distribuye en mayor cantidad) se observa que se entregaron 21 millones en 2015, 3 millones en 2016, 16 millones en 2017 y 18 millones en 2018.
Si se realiza la comparación trianual se observa que entre 2016 y 2018 se distribuyeron un 37% menos de MAC y un 32% menos de preservativos que en el trienio 2013-2015.
